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Relaciones entre poder político y medios de comunicación

por Roque Faraone

Profesor Adjunto de Teoría de la comunicación social

Facultad de Humanidades y Cs.de la Educación

 

       

            Ponencia a presentar en el Coloquio organizado por la Cámara de Representantes y la Fundación Fontaina Minelli “Las comunicaciones en el siglo XXI”, 3ª. Sesión, tema c), 17 de agosto de 2001

  

Problemas generales y características nacionales específicas

 

1)     Los Estados comparten la adjudicación del espectro y la utilización del espacio. Son reguladores y administradores.

 a) Las relaciones entre “poder político” y “medios de comunicación” puede ser abordada por distintas vías.

La primera, y más tradicional, es la que alude a que los “espacios nacionales” tienen un poder etático que fija normas jurídico-políticas sobre todos los habitantes y por tanto quienes se dedican a actividades de comunicación están regidos por las normas coercitivas que los Estados aplican. Además, los gobiernos de esos Estados están vinculados entre sí por Convenios y otros instrumentos internacionales que en principio limitan sus soberanías en materia de comunicaciones inalámbricas, en el uso del espacio extraterrestre para su utilización mediante satélites, en la adjudicación a particulares, o a servicios públicos de los propios Estados, de las fracciones del espectro radioeléctrico atribuido a cada Estado por la llamada “comunidad internacional”, etc.

 

b) En este sentido, entonces, cabe distinguir entre medios audiovisuales, medios impresos y otros medios electrónicos, para evaluar ese relacionamiento material entre “poder político” y “medios de comunicación”.

       Los primeros, los medios audiovisuales, se encuentran en una dependencia mayor, respecto a las posibles regulaciones de los Estados, que tiene su origen en la finitud del espacio y de las ondas. Los medios impresos, en cambio, en principio, disponen de mayor latitud para operar, y los medios electrónicos, entre los cuales se muestran actualmente en avanzada el correo electrónico e Internet, que dependen de infraestructura computacional y telefónica, tienen aún una mayor lejanía respecto a la incidencia del poder político en su capacidad de operar.

 

c) No obstante, es frecuente, en esta materia, limitarse a lo formal, en materia jurídico-política, y analizar el problema a partir del supuesto de la “soberanía” de los Estados.

        La realidad es muy diferente. En la U.I.T. todos los Estados miembros tienen un voto cada uno, pero los grandes Estados tienen muchísimo mayor peso. Los avances tecnológicos han sido y siguen siendo incesantes, y fueron y siguen planteando problemas a resolver, que siendo extremadamente técnicos, no dejan de ser técnico-políticos, y vinculados a los intereses empresariales de consorcios de enorme magnitud, que en muchos casos superan en recursos, medios materiales y personal contratado a conjuntos de Estados pequeños.

        En las reuniones internacionales los grandes Estados disponen de personal idóneo asistido, en general, además, por personal técnico representante de los consorcios nacionales o internacionales más vinculados a cada representación nacional del Estado industrial (centro) respectivo. Mientras que los pequeños Estados deben hacerse representar, cuando pueden hacerlo, por un Ministro, Consejero o a veces Cónsul con sede en Ginebra, cuya idoneidad suele ser mucho más genérica (consular o diplomática). Su participación suele ser figurativa, sin disponer siquiera de instrucciones de su gobierno, al que muchas veces consulta en cumplimiento de su cometido, sin llegar a tener respuesta. Los Estados pequeños se encuentran en esta materia, con frecuencia, como los usuarios de los servicios de transporte, que sólo realizan un “contrato de adhesión” con las empresas transportadoras.

       Recientemente, las tendencias predominantes en las relaciones económicas internacionales han llevado a lo que se denomina “globalización” (en la literatura anglosajona) y “mundialización” (en la francesa y otras) que bien podría ser denominada “acentuación o aceleración de la internacionalización”, bajo la hegemonía de las economías llamadas “de mercado” (en la literatura de los organismos internacionales) que bien podría ser denominada “capitalista”.  Esas tendencias, aplicadas a la industria de la comunicación, han dado lugar a fenómenos llamados de “desregularización” que implican una acentuada privatización y un abandono relativo de la ingerencia de lo público.

      En el Uruguay, donde en materia de comunicación social no se produjo nunca una acción vigorosa del Estado, esta corriente de pensamiento predominante también está influyendo, aunque se ve obstaculizada por la existencia de un oligopolio privado de lo audiovisua, que comprende fundamentalmente la TV abierta y la de cable.

 

 

  1. Los Estados articulan, aplicando normas internacionales y nacionales, los principios de “libertad de comunicación” y de “derecho a la información” y protegen a la vez los derechos al honor, la privacidad, la salud, etc.

Tanto los medios audiovisuales como los impresos, y en una medida menor los electrónicos, se encuentran sometidos a la normativa jurídico-política que aplica el Estado.

Esta normativa tiene diferentes niveles:

1)     el  supranacional,  llamado  por  otros  juristas  “internacional”, distinción semántica que no es insignificante, ya que en el primer caso se sostiene la primacía de las normas supranacionales (una vez ratificados los tratados respectivos por el Parlamento nacional) que pasarían a predominar sobre las normas constitucionales, incluso. Es decir, que ese derecho supranacional no quedaría en el nivel de “ley”, y por tanto inferior en jerarquía a la Constitución, sino que debería ser considerado como norma superior, aplicable por los jueces incluso sin que se hubiere dictado ninguna ley prevista por esa misma norma.

Por vía de ejemplo puede mencionarse la Declaración Universal de Derechos del Hombre,  de 1948; la Convención de Roma, sobre protección  de artistas, etc., de 1961; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 1966; la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) de 1969; la Constitución y el Convenio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, de 1989; etc.

 

2)     el constitucional, en el que se destacan los artículos 7, 8, 10, 28, 29 y 36, siendo también aplicables los artículos 50, 51 y 85.

       La “llave de bóveda” es, sin duda, el artículo 29, que surgido en la Constitución de 1830,  recibió modificaciones en la reforma de 1934. Es notorio que nuestro sistema constitucional no se ha puesto al día en esta materia, como ocurrió con otras constituciones latinoamericanas,  en especial las de Argentina,  Brasil,  Colombia y  Venezuela.

       No se recoge, por ejemplo, en forma expresa, el “derecho a la información”, que si aparece en algunos de los textos mencionados. La doctrina constitucionalista nacional, sin embargo, encuentra que éste está comprendido en la expresión “Es enteramente libre, en toda materia, la comunicación de los pensamientos...”

 3)     el legal.

 En el nivel de lo legal, los campos son muy variados.

A) Primer problema, la ausencia de censura previa

 Dentro del sistema constitucional, coincidente con el supranacional, el  principio de la ausencia de censura previa es capital.

 Sólo en disposiciones del Código del Niño, destinadas a proteger a los menores, se encuentran disposiciones de censura, para exhibiciones de espectáculos, por ejemplo.

 Nunca se ha discutido la constitucionalidad de estas disposiciones. Más curiosamente, existe un Decreto del Poder Ejecutivo que establece un “Horario de protección al menor” destinado a la Televisión, notoriamente inconstitucional, que ha sido “reglamentado” (y esto, además, también ilegalmente) por el INAME. Y en la reglamentación del INAME aparecen más censuras que las que el propio Decreto contenía.

Este asunto es extremadamente interesante para iluminar las relaciones entre el poder político y la televisión privada. Se agrega un  Apéndice I al respecto.

 

B) Otras dificultades

Pero la noción de “abusos” que establece la Constitución en su art. 29  para habilitar a la ley a determinarlos, con sanción ulterior, sin duda, y con necesaria intervención judicial, no administrativa, presenta algunas dificultades.

Voy a hacer un paréntesis.

 El sistema constitucional norteamericano

          En la literatura especializada es conocida la distinción entre el modelo francés (originado en la Declaración de Derechos del hombre y del ciudadano de 1789) y el modelo norteamericano (originado en la 1a. Enmienda a la Constitución de 1786). El modelo francés, seguido por nuestro país, remite a la ley la regulación del derecho a la “libre comunicación”, lo que en la época se denominaba “libertad de prensa”, mientras que el modelo norteamericano prohibe legislar en la materia. Naturalmente que en dos siglos y pico tanto la legislación federal como la legislación estadual, en EEUU, incursionó protegiendo los derechos al honor, a la intimidad (frente a abusos del ejercicio de la libertad de prensa) y más recientemente limitando la publicidad. Y ya hay jurisprudencia de la Suprema Corte donde se establece la distinción entre derechos políticos (y ciudadanos) y derechos de los avisadores (destinados a promover el lucro) para la aplicación de la 1ª. Enmienda. Esa jurisprudencia sostuvo que no debe el legislador, en la aplicación de la 1ª. Enmienda, tener el mismo cuidado cuando se trata de proteger los derechos de los avisadores que cuando se trata de proteger los derechos políticos y cívicos de los ciudadanos.

                 En nuestro país algunos representantes de intereses corporativos de la publicidad y también de prensa del establishment han invocado con gran vehemencia el art. 29 de la Constitución que garantiza en toda materia la libertad de comunicación de pensamientos, para deducir de él que no debe el legislador uruguayo limitar de ningún modo la publicidad.  En esas argumentaciones  omitieron señalar que el art. 29  remite a la ley para que fije “la responsabilidad” por los “abusos que se cometieren”.

          Este paréntesis, en el que se cita la Constitución, la legislación y la jurisprudencia de Estados Unidos, - notoriamente afiliado a un sistema jurídico-político menos propenso a delegar en la ley la regulación de la libertad de prensa – tiende a demostrar que aún en ese modelo la tendencia de los estados liberales (como sucede notoriamente en Europa Occidental) consiste en limitar los derechos de los publicitarios en diversas materias.

 

C) La buena doctrina

         No es posible en esta comunicación incursionar en todos los campos en los que es posible y sería necesario legislar. Los principios a tener en cuenta, dentro de un Estado liberal, son la protección de todos los derechos de los habitantes (que están enunciados en el art. 7) con la  extensión prevista en el art. 72. Es cierto que la tradición autoritaria, especialmente de los regímenes de fuerza pero también en muchos “Estados de derecho” reclama una particular atención a la libertad de prensa frente a las presiones provenientes de los gobiernos, pero ésa no puede ser la única preocupación del legislador.

      Muy por el contrario. Varias de los campos de legislación que serán sugeridos en el Apéndice II procuran, precisamente, agregar garantías, establecer principios protectores para que el ejercicio de la libertad de prensa no sea utópico y esté condicionado por otros factores sociales que también coartan la libertad de prensa e incluso ocultan las presiones indirectas que puede hacer el Poder Ejecutivo de un Estado.

 

3)     Al ser los medios, en su enorme mayoría, grandes empresas que dependen de la publicidad generada casi exclusivamente por otras grandes empresas, apareció una nueva dimensión (de naturaleza económico-social y no sólo jurídico-política) en las relaciones entre poder político y medios de comunicación. Esto llevaría a plantearse, como problema, las relaciones entre: 1) poder político 2) poder económico y 3) poder massmediático.

Este tema comprende diversos aspectos. Por un lado, los medios necesitan información proveniente del Estado, para brindarla  a sus lectores o a su audiencia, y una actitud benevolente hacia el poder les asegura disponer de esa información. También necesitan de la publicidad que paga el Estado y ese es otro motivo para no ejercer una función crítica. Los medios audiovisuales, por su parte, tienen concesiones precarias y ello lleva también a una asociación de intereses con el gobierno.

En otros países con mayor mercado, estos fenómenos también existen, pero hay diferencias que benefician la función crítica de los medios frente al poder político.

En países de mercado reducido, como es el del Uruguay, la comunicación audiovisual tiene una dependencia del mercado publicitario más acentuada, que no brinda a los empresarios la independencia que tienen en otros países como la Argentina o Brasil, por ejemplo. Aquí se ha producido una asociación estrecha entre avisadores y empresarios de los medios electrónicos y estos últimos fueron llevados desde temprana hora a la cartellización y el oligopolio, por el alto costo que significa tener tres canales de televisión en un país de muy reducida población y escasa producción industrial. Todo ello, junto con la atomización de los partidos políticos, produjo una dependencia muy particular de los dirigentes políticos del Estado frente al poder massmediático. [1]

  Por su parte la prensa, que ha llegado a límites extraordinarios de reducción de tirajes y de altísimos precios de venta – 1 dólar 50 en días de semana cuando The New York Times,  por ejemplo,  cuesta 60 centavos de dólar – muestra una estrecha dependencia del poder político y un escaso uso de su natural función crítica del poder, porque está muy concentrada en una función social de prestigio y representación de intereses de clase, al tiempo que cultiva, para los sectores populares, una abundante información deportiva.

      Puede analizarse mejor la idea precedente si se realiza una comparación  con el cine latinoamericano. El cine sólo existe como industria no subvencionada en Brasil, México y Argentina (países de grandes mercados nacionales y a la vez con amplios sectores con suficiente capacidad de consumo)  mientras que casi no existe en Colombia (país de gran población pero con menor capacidad de consumo), tiene reducida existencia en Venezuela y Chile, y es ampliamente subvencionado en Cuba, donde, con población inferior a Venezuela y Chile, se producen tres veces más películas por año que en los otros dos mencionados. Respecto al cine se puede decir: o el Estado asiste a una industria que necesita, por su naturaleza, un mercado amplio, o esta industria no se desarrolla.

    Con los medios impresos y audiovisuales se puede decir: o el Estado procura asegurar la independencia financiera de estos medios, o la función crítica que se supone es deseable que cumplan, no se cumplirá, o se cumplirá defectuosamente. En general, las ideas recibidas sostienen lo contrario: que el Estado no debe intervenir, y que los medios privados se asegurarán su independencia con el favor del público, para cumplir la función crítica del “cuarto poder” que tradicionalmente se les asigna. La realidad nos está mostrando que cada día se reduce más la circulación de la prensa, que el precio sigue aumentando, y que la publicidad es la principal fuente de financiamiento. La realidad nos muestra también, que en lo audiovisual la publicidad es entre nosotros la única fuente de financiamiento, y que no se puede lograr un canal de TV que tenga el poderío de O Globo en un país de 3 millones y poco de población. El financiamiento exclusivamente por publicidad será proporcional a la población y al desarrollo industrial, y en cambio los costos de producción, aunque la calidad de los nuestros sea muy inferior, no pueden bajar de límites determinados por la tecnología.

     Es el Estado el que debe velar por la independencia de los medios, también en materia económica, y no sólo respecto a la presión que puedan ejercer los gobiernos, para que el liberalismo político pueda funcionar con cierta eficacia, vigilado por “el cuarto poder”.

   Un ejemplo es ilustrativo: varios informativos televisivos europeos de canales estatales muestran mayor independencia frente a sus respectivos gobiernos que la que evidencian los informativos de TV privados uruguayos.

 

 Algunos ejemplos de esta necesaria vinculación entre política, economía y medios

 

4)     El proyecto de ley antitabagista que sólo obtuvo media sanción en el Senado, en 1997.

 Bajo el segundo gobierno de José María Sanguinetti, y con la firma de nueve Ministros se remitió un proyecto de ley antitabagista, que comprendía dos campos diferentes: por un lado, una restricción importante a la publicidad del tabaco, por otro lado, una regulación en locales públicos del hábito de fumar, con prohibiciones en sanatorios, establecimientos de enseñanza, etc., y al mismo tiempo garantías para los fumadores, para que dispusieran de lugares especiales en restaurantes, etc.

       Al considerarse en la Comisión respectiva del Senado este proyecto de ley, los dos senadores de la oposición lo apoyaron en forma muy vigorosa y eficaz, (uno de ellos por ser médico y ex Presidente del Sindicato Médico, el otro,  por ser profesor de derecho constitucional) lo que hacía suponer una rápida aprobación, dado que la coalición gobernante estaba representada suficientemente con la firma de los nueve ministros.

            Sin embargo, los empresarios tabacaleros gestionaron modificaciones en el proyecto, y en la prensa comenzó a aparecer una fuerte campaña conducida por el diario El País, el semanario Búsqueda, y apoyada por ANDEBU y la SIP, que invocaba, entre otros argumentos, el artículo 29 citado sólo en su primera parte, que dice: “Es enteramente libre, en toda materia, la comunicación de los pensamientos...” sin mencionar la última parte, que responsabiliza al autor, o en su caso el impresor o emisor, “con arreglo a la ley, por los abusos que cometieren”.[2]

            El proyecto comenzó a ser minimizado en sus alcances, y después de sucesivos recortes, recibió media aprobación en el Senado, pero hasta el día de hoy no fue considerado por la Cámara de Representantes.[3]

 

   5.-  La ley sobre “Espacio para partidos radio y TV”, de 1998 .   

 

        Esta ley nació con el propósito de asegurar en todas las emisoras de radio y televisión, públicas y privadas, espacio para los partidos políticos en períodos preelectorales, como ocurre en varios países del mundo.

       Cuando se estaba considerando el proyecto, ANDEBU realizó gestiones ante los parlamentarios, simultáneamente con una campaña destinada a obstaculizar el proyecto, consistente en el ofrecimiento, a los partidos, de espacio concedido por las empresas privadas.

         El planteo, absolutamente insólito, implicaba considerarse dueños del espectro público cuyo uso les había sido concedido mediante permisos precarios. Sin embargo, el Parlamento decidió modificar su proyecto y limitarlo a la regulación del canal y de las ondas del Estado[4].

      APENDICE I.-  El horario de protección al menor

     Por decreto del P.E. 445/988 se estableció "horario de protección al menor en todos los canales de televisión desde la señal de apertura hsta las hora 21:30". (art. 1)

    El art. 2 agrega: "Los programas grabados, así como los  anuncios promocionales de los programas de las emisoras y  las sinopsis cinematográficas, para poder ser emitidas  dentro del horario establecido en el artículo 1° de este  decreto, deberán contar con la conformidad del Consejo del  Niño".

    El art. 3 dice que el Consejo del Niño controlará la ejecución del decreto y que en caso de incumplimiento debe dar cuenta a la Dirección N. de Comunicaciones a los fines de la aplicación de las sanciones que correspondan. El art. 4 exceptúa los programas deportivos, de contenido político e informativos.

    Este decreto parece ser de inconstitucionalidad manifiesta.

   En primer lugar, porque la Constitución establece, como vimos,  que "es enteramente libre la comunicación...quedando responsable ...el emisor, con arreglo a la ley, por los abusos que se cometieren".

Mal puede un decreto suplir a la ley en esta materia. Si la ley estableciera el requisito de la "conformidad del Consejo de Niño" para la emisión de los programas grabados, mencionados, quedaría aún a resolver el problema de la sanción posterior, esto es, si es posible que, por vía administrativa, automáticamente, el derecho constitucional así restringido quedara sin protección judicial.

   En realidad, esta norma, este decreto, parece haber sido dictado con finalidades propagandísticas y no con finalidades jurídicas, de aplicación real. La verdad es que buena parte de los programas que se emiten en ese horario son notoriamente inconvenientes para menores. Es más que dudoso que el Consejo del Niño -actualmente el INAME- disponga de medios económicos, técnicos y humanos adecuados para ejercer un contralor de programación de la magnitud que comportan los cuatro canales montevideanos, más las programaciones del interior, más el cable. El efecto propagandístico, en cambio, se logra, al menos parcialmente, puesto que aparece en la pantalla, cotidianamente, una mención que puede ser interpretada como un consejo a los padres para que dispongan que sus hijos se recojan, o, según el grado de cultura del receptor, también permite suponer que puede haber en la programación algo inconveniente, (o más inconveniente), a partir de ese momento, pero que, de todos modos, el Estado algo está haciendo en materia de "proteger al menor".[5]

 

La Resolución N°800/88 del Consejo del Niño

   Pocos días después del Decreto 445 del P.E. mencionado, el Consejo del Niño reglamentó el Decreto, estableciendo varias disposiciones prohibitivas, que exceden y a veces contradicen al Decreto. Por ejemplo:

 1) La Resolución distingue dos horarios dentro del "Horario de Protección al Menor". Desde la apertura hasta las 19 y 30 "Aptos para todo público". Desde las 19 y 30 hasta las 21 y 30 "Aptos para mayores de 15 años", presumiéndose que esta distinción deba reproducir las calificaciones ya existentes para espectáculos públicos.

 2) El Decreto dice: "los programas grabados". La Resolución dice: "cuando los programas se emitan en vivo y en directo, deberán ceñirse a las mismas pautas" (art. 2° inc.c)

3) El Decreto no menciona a la publicidad general. La Resolución, dice:

 "La Oficina de Espectáculos Públicos cuidaráque ni el

texto ni las imágenes de los anuncios publicitarios contengan exhortaciones directas al niño que tiendan a crear situaciones conflictivas con sus padres. Asimismo tampoco se permitirán los anuncios que contengan elementos discriminatorios frente a otros niños o que induzcan a creer que si carecen del producto anunciado serán de algún modo inferiores a otros" (art. 6)

 

    Otros aspectos de esta reglamentación del Decreto, por parte del Consejo del Niño, versan sobre definiciones de extrema violencia y de pornografía.

  En el Parlamento los representantes del Iname reconocieron que no se realiza ninguna fiscalización. Entonces, la significación de las normas que se comentan tiene que ser otra diferente a la de fijar un marco de conducta jurídicamente sancionable. Probablemente sea el objetivo, ya señalado, de conformar a una parte de la "opinión pública" ingenua.

 

        APENDICE II.-  Algunos campos de necesaria legislación

1)     Restablecer  la noción de “servicio público ” para la radio y televisión, esto es, el reconocimiento de que la sociedad, a través del Estado, es la administradora del espectro, bien común de la humanidad, que debe ser utilizado en beneficio colectivo. Esta noción, por acción de los intereses privados, comenzó a ser desplazada, durante la dictadura militar, por el concepto ambiguo de “intrés público”.

2)     Establecer garantías de aplicación de las normas existentes que se oponen al oligopolio y a la concentración.

3)     Establecer normas generales de contenidos y formas de mensajes (especialmente los de TV) Ejemplo: los informativos (públicos y privados) de los países de la CEE, que no pueden durar más de 30 minutos ni tener publicidad incorporada.

4)      Asegurar el acceso gratuito de los partidos a los medios, por lo menos en períodos preelectorales.

5)       Regulación de la publicidad dañina, mentirosa, sexista, infantil, etc.

6)     Regulación de la publicidad (reduciendo su tiempo, espacio y volumen) por motivos económicos

7)     Uso equilibrado de la “cadena” de radio y TV y no librado exclusivamente a la discrecionalidad del Presidente de la Republica

8)     Legislación relativa a la asignación de cableado a particulares, revisando el oligopolio concedido por decreto.

9)     Protección de la “libertad de comunicación” y del “derecho a la información” mediante mecanismos de independencia financiera y de independencia de las “mayorías de audiencia”

 

      APENDICE III.-  Conclusiones del cursillo sobre Políticas sociales  de  Comunicación (para egresados) realizado en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación   (31 de agosto de 2000)

  1)     Las normas internacionales que organizan el uso del espectro por los  diferentes Estados, reposan sobre una racionalidad genérica. Su cumplimiento es en general respetado, salvo las situaciones de  conflictos políticos en que se producen “guerras de ondas”

  2)     Las normas internacionales que protegen como derecho de los individuos, la llamada “libertad de prensa” (más propiamente “de comunicación”) que proviene de la corriente del liberalismo político, sólo tienen aplicación, en los Estados nacionales, en la medida en que tienen vigencia esos mismos principios. A pesar de la teoría de la “supranacionalidad” de esas normas, sólo rigen, cuando rigen, las nacionales.

  3)     Las normas internacionales que protegen el “derecho a la información” tienen aún menor vigencia, ya que las Agencias internacionales de noticias, por razones principalmente comerciales y accesoriamente ideológicas, ceden ante dificultades políticas y responden a las exigencias del mercado.

 4) El régimen constitucional no recoge explícitamente el “derecho a la información”.

 5) La protección constitucional a la “libertad de comunicación” encuentra dificultades por la acción de los gobiernos que presionan, favorecen con información preferente y con avisos discrecionales, persiguen a medios o periodistas y asignan ondas en forma discriminatoria.

 6) No existe una política orientada a restringir la publicidad comercial en defensa del derecho a la libertad de prensa y del derecho a la información.

7) La escasa normativa que regula la publicidad en defensa de la salud es insuficiente y contradicto- ria. La presión económica de industriales, avisadores y medios de comunicación dificultó y hasta ahora impide mejorar esa legislación incipiente. 

 8) El intento realizado para regular el uso de la radio y TV en período preelectoral quedó limitado a la radiodifusión del Estado. Esta experiencia pone en evidencia el poder de los emisores privados y la debilidad del Estado.

9) Se puede sostener la hipótesis de que los dirigentes políticos se consideran dependientes de la imagen que los medios les permiten cultivar frente a sus electores y que ello los llevó a no legislar en una materia a la que se oponían los concesionarios-propietarios.

 10) Esta hipótesis aparecería confirmada por el escaso número de proyectos de leyes relativos a la radiodifusión.

11) Un caso confirmatorio sería el proyecto de ley sobre cigarrilos y  tabaco, aprobado por el Senado con menor alcance que el sometido  por el Poder Ejecutivo, y con un incierto trámite en Representantes.

12)Los casos de presiones, favoritismos o injerencia del Poder  Ejecutivo en el período posterior a la dictadura militar que han sido denunciados públicamente, no llegaron a extremos cruentos contra periodistas, como en otros países latinoamericanos, sino que revistieron formas sutiles y disimuladas, desde la asignación arbitraria de publicidad oficial, hasta la prisión indebida, dispuesta judicialmente, pero muy probablemente incitada por acción del Poder Ejecutivo.  

 13) La existencia de un poder militar con cierta autonomía respecto al  poder político del Estado, actúa determinando una cierta autocensura de los principales medios respecto a temas sensibles como lo son los hechos delictivos cumplidos por jerarcas militares antes y después de la dictadura (los delitos continuados de las desapariciones y los nuevos delitos de asesinato y desacato que implicaron la muerte de Berríos y la impunidad de sus presuntos autores).

 

14) Los proyectos de leyes relativos a comunicación presentados en el Parlamento por fuerzas opositoras o progresistas revelan contradicciones y en algunos casos improvisaciones que permiten afirmar que hay un gran atraso político para considerar estos temas.

15) Los programas partidarios más avanzados son también  coincidentes con la apreciación anterior.

 

 

 



[1] Juan Martín Posadas, en La República, 28-XII-1991, dijo:”El sistema político tiene una visión casi infantil acerca de qué son los medios de comunicación, y mantiene(n) con ellos una insólita dependencia”

[2] Ver Faraone, Roque, La objetividad en la información, Cal y Canto, Montevideo, 2000

[3] Ver Cámara de Senadores. Rep. 351 de III/1997; Versión taquigráfica de la Comisión, 23/IV/1997; Diario de Sesiones 5 y 13/VIII/1997; Posdata 26/IX/1997

[4] Ver Cámara de Senadores, Carpeta 943 de 1997 y 3182 de 1998;Diario de Sesiones de Representantes 18/XI/1998; Diario de Sesiones del  Senado, 4 y 10/XI/1998

    [5] En la sesión del 4/IX/97 de la Comisión de educación y cultura de la Cámara de Representantes, que recibió al Consejo del INAME, el prof. Julio Saettone dijo:

"...existe el decreto 445 del año 1988, el cual establece el horario de protección al menor, pero no especifica que la televisión sea abierta o por cable. Pero, desde el punto de vista práctico, en el momento actual es muy difícil de controlar. Hace un tiempo el Departamento pidió que se le enviara la lista de todos los canales que existen en el país y, a su vez, de sus emisiones, y se llegaba a más de mil canales multiplicados por las horas diarias de control, nos significaban más de doce mil horas a controlar diariamente." (Cfr. Cámara de Representantes, repartido 395, pág. 24)